El artículo 3 de la Ley 155 de 1959 le corresponde al Gobierno Nacional «(…) intervenir en la fijación de normas sobre pesas y medidas, calidad, empaque y clasificación de los productos, materias primas y artículos o mercancías con miras a defender el interés de los consumidores y de los productores de materias primas (…)».  Por su parte, Colombia aprobó la adhesión al Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio mediante la Ley 170 de 1994, que contiene, entre otros, el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, el cual alienta a los países a reconocer activamente los resultados de las evaluaciones de la conformidad de otros países, como las pruebas, el examen, la inspección, la calibración, la verificación y la certificación, cuando estos sean emitidos por organismos acreditados por organismos de acreditación reconocidos por las cooperaciones multilaterales de acreditación.

Por su parte, mediante la Ley 8 de 1973, Colombia aprobó el Acuerdo Subregional Andino. Posteriormente, la Comisión de la Comunidad Andina aprobó en noviembre de 2019 la Decisión 850 que crea el Sistema Andino de la Calidad y reconoce que «la normalización técnica, reglamentación técnica, acreditación, evaluación de la conformidad y metrología, constituyen herramientas esenciales para el desarrollo de la Subregión Andina, dado que propician la mejora progresiva de la calidad de los productos que se intercambian en el comercio internacional, y a alcanzar los objetivos legítimos de la seguridad nacional; la prevención de prácticas que puedan inducir a error,’ la protección de la salud o seguridad humana, de la vida, de la salud animal o vegetal, o del medio ambiente, entre otros».

Ahora bien, el artículo 4 de Decisión 376 de la Comunidad Andina, relacionada con el Sistema Andino de Normalización, Acreditación, Ensayos, Certificación, Reglamentos Técnicos y Metrología, establece que «Las actividades de normalización, acreditación, ensayos, certificación, reglamentos técnicos y metrología, que comprende el Sistema, serán aplicables a todos los productos y servicios que se fabriquen o comercialicen en la Subregión, sin considerar los aspectos fitosanitarios y zoosanitarios, u otros aspectos que se encuentren ya regulados por una Decisión particular. Estas actividades se coordinarán con los Organismos Nacionales Competentes designados por Ley en cada País Miembro.»

Particularmente el artículo 18 de la Decisión 850 de la Comunidad Andina establece que «Los Organismos Nacionales de Acreditación de los Países Miembros serán los encargados de evaluar y acreditar la competencia técnica de los organismos de evaluación de la conformidad que operen en la Subregión Andina; para lo cual deben cumplir con los requisitos de la versión vigente de la norma internacional ISO/IEC 17011».

Como consecuencia del desarrollo reglamentario del Subsistema Nacional de la Calidad, el Decreto 1595 de 2015 y 191 de 2022,  compilado en el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, Decreto 1074 de 2015, coordina las actividades que realizan las instancias públicas y privadas relacionadas con la formulación, ejecución y seguimiento de las políticas sobre normalización técnica, elaboración y expedición de reglamentos técnicos, acreditación, designación, evaluación de la conformidad y metrología.

En este contexto: (i)  El ejercicio exclusivo de la actividad de acreditación consignado en el artículo  2.2.1.7.7.6 del Decreto 1074 de 2015 se dirige a la representación y a llevar la posición de país ante la Comunidad Andina de Naciones y foros multilaterales en materia de acreditación, y participar en las instituciones y actividades regionales e internacionales relacionadas con actividades de acreditación, sin perjuicio de las competencias que en la materia tengan las entidades públicas y las políticas de Acreditación transfronteriza. (II) La actividad de acreditación es un servicio de interés público y social que presta ONAC, con sujeción a las normas nacionales de derecho privado e internacionales en materia de acreditación, particularmente la norma internacional ISO/IEC 17011 o la aplicable conforme a las decisiones andinas, con alcance en reglamentos y normas técnicos. El servicio de acreditación se adelantará mediante los procedimientos que la corporación
emita para el efecto y con base en los costos que requiera la prestación de dicho servicio.

Finalmente, en el 2023 se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, Ley 2294, la
cual prevé en su artículo 260, lo siguiente:

“El Organismo Nacional de Acreditación de Colombia -ONAC- proveerá el servicio de interés público y social de carácter comercial acreditación y tomará las decisiones de otorgamiento, seguimiento, ampliación, suspensión, reducción y retiro, con sujeción a las normas nacionales de derecho privado y a las normas internacionales en materia de acreditación, particularmente la norma internacional ISO/lEC 17011, y de acuerdo con los reglamentos técnicos y las normas técnicas nacionales e internacionales.

Para la prestación de los servicios de acreditación a su cargo el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia aplicará los procesos y procedimientos que el mismo establezca, de acuerdo con las metodologías y prácticas reconocidas internacionalmente en la materia.

PARÁGRAFO. Los costos serán cubiertos por cada organismo evaluador de la conformidad que reciba el servicio, y serán estimados de acuerdo con la complejidad de la acreditación, el número y experticia del personal que sea requerido, el tiempo para llevar a cabo la evaluación y los costos administrativos del ONAC”. 

Lo anterior, estableciendo que esta Corporación se encuentra regida por las reglas que se contemplan dentro del régimen privado, que, además, hace parte de una red de una cooperación internacional, y se encuentra habilitada para la creación de procedimientos internos para el desarrollo de su actividad económica.